Conforme publicó el diario El Pais el pasado 3 de noviembre, en un pleito dirigido por el letrado Daniel Zubiri, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona condenó en el mes de junio a Banco Popular a devolver aproximadamente 4 millones de euros a uno de los clientes de Zubiri&Zudaire, que había sido convencido para contratar dos productos financieros complejos y de alto riesgo, en concreto dos productos financieros a plazo, suscritos por valor de 4,5 millones de Euros.

El empresario, riojano y residente en Navarra depositó en el Banco Popular, su banco de toda la vida, el precio obtenido gracias a la venta del negocio familiar. Durante varios años, el cliente tenía la certeza de que el principal de su inversión estaba asegurado, descubriendo al final de la vida de los contratos que no sólo no iba a obtener ninguna rentabilidad sino que además había perdido más de tres millones y medio de euros de lo invertido.

La situación si cabe resulta más dramática, porque además el cliente había suscrito dos préstamos por importe de aproximadamente 2 millones de Euros, disponiendo de la financiación “preferente´” que el banco le ofrecía para maximizar su inversión (garantizándole liquidez durante la vida de los productos). La condición para la concesión de esos fondos fue precisamente la de garantizar su devolución con los productos de inversión, quedando una vez vencidos lo poco que recuperó en acciones (del Banco Popular) pignorado y respondiendo por esas deudas.

En la actualidad nuestro cliente debía abonar aproximadamente 9.000 Euros mensuales, pese a no contar con los fondos necesarios para ello, siendo su situación financiera francamente complicada, pese a contar con un importante patrimonio inmobiliario.

La realidad es que pese a la gran complejidad del producto, el ingente importe invertido y la condición de consumidor del cliente, la entidad bancaria incumplió sistemáticamente las más elementales obligaciones de información que debía cumplir en aplicación de la Ley del Mercado de Valores (no se evaluó la experiencia ni los objetivos inversores, la información y documentación ofrecida fue tendenciosa y manifiestamente insuficiente, limitándose a dos páginas y media de contrato, no se explicaron los riesgos ni se entregó ningún documento explicativo de las verdaderas condiciones del producto).

Existiendo una relación de asesoramiento de inversión, continuada y evidente, por parte de Banco Popular, jamás debió no ya sugerirse, sino permitirse que el cliente invirtiese todo su capital financiero en un producto tan sumamente complejo y arriesgado como el ofrecido, explicado exclusivamente desde el lado de la rentabilidad.

Tal y como destacaba la resolución judicial (actualmente recurrida por la entidad): “no es de recibo que un cliente bancario que vende su participación en su empresa por 4,5 millones de euros, cinco años más tarde se encuentre en esta situación. Para que le sean imputables tales consecuencias debe estar perfectamente probado que el banco le informó exquisitamente de los riesgos del producto (…) no cabe sino concluir que la información fue deficiente y que el consentimiento del actor a la hora de invertir estaba por ello viciado”.

Desde el despacho Zubiri&Zudaire de Pamplona, estamos orgullosos de poder defender los derechos de los clientes bancarios, que, como en el caso presente se vieron totalmente desposeídos de sus más elementales derechos y garantías a la hora de contratar productos financieros complejos.

Pese a los medios invertidos por las entidades bancarias por defenderse, la realidad es que, siempre que se haya producido un abuso y se haya desprotegido al cliente (especialmente si es consumidor) es posible vencer este tipo de reclamaciones, habiendo obtenido excelentes resultados hasta la fecha.

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